A quién corresponde luchar contra el crimen

POR LUIS PAZOS

El primer signo de politización de la violencia y de la lucha contra el crimen es hablar de los “muertos” o “la guerra de Calderón”. Mediante esos estribillos grupos políticos quieren que la opinión pública responsabilice de toda la violencia al Gobierno Federal.

En base a la Constitución, los gobernadores, que cuentan con presupuestos, policías, ministerios públicos y jueces, son los responsables primarios de combatir el crimen. El homicidio, el secuestro, el robo y la extorsión son delitos del orden común. Su combate corresponde en principio a las autoridades locales y en algunas circunstancias, en base al calibre de las armas que portan los delincuentes o de que varios estén vinculados al mismo ilícito, éste puede calificarse como delito federal.

El Gobierno Federal intervino en varios estados de la República debido a denuncias de grupos de la sociedad civil, de que secuestradores y extorsionadores actuaban no solo con impunidad, sino, no en pocas ocasiones, con el apoyo de las autoridades estatales.

La estrategia de varios gobernadores de cruzar los brazos ante el crimen provocó su entronización y crecimiento. En algunos estados, como Michoacán, Tamaulipas, Guerrero y Veracruz, la violencia rebasó a las autoridades estatales. En un acto de sensatez y haciendo a un lado las estrategias partidistas de responsabilizar ante la opinión pública al Gobierno Federal de la violencia, los gobernadores de Guerrero y Veracruz pidieron al Presidente de la República apoyo para combatir al crimen que sus antecesores dejaron crecer.

La solución a la violencia implica la colaboración de los tres órdenes de Gobierno; pero cuando por motivos partidistas y electorales un nivel de Gobierno se dedica a criticar al otro en lugar de ayudar, la violencia aumenta. Y aunque logren engañar a algunos votantes, haciéndoles creer que el Gobierno Federal es el único responsable de la violencia que gobernadores dejaron crecer y en ocasiones se hicieron cómplices, los perjudicados son la mayoría de los mexicanos, víctimas, además de la violencia, de la reducción del turismo, de la inversión y del empleo.

Reformas ¿sólo con el PRI?

POR LUIS PAZOS

El candidato a la presidencia del PRI, Enrique Peña Nieto, señaló que solo su partido puede implementar las reformas estructurales para lograr altos crecimientos y crear más empleos. Esa afirmación pasa por alto que el PRI en los dos últimos sexenios se opuso en el Congreso a las reformas que ahora promete su candidato.

Desde el 2002 el Ejecutivo, en aquel tiempo a cargo de Vicente Fox, luchó por flexibilizar y modernizar la ley laboral. Los medios llamaron a los proyectos que presentó el en ese entonces Secretario del Trabajo la “Ley Abascal”, que implicó muchos meses de cabildeo de uno de los mejores funcionarios que ha tenido la administración pública en México. Al final el PRI con diversas excusas se opuso a reformar la ley laboral, que de haberse cambiado, hubiera generado los empleos que ahora promete el candidato del PRI.

En marzo del 2010 el PAN presentó otra iniciativa de ley que buscaba también una mayor flexibilidad laboral, el salario por hora, libertad sindical y la transparencia de los recursos manejados por sindicatos. El PRI dijo que le entraba a la reforma si suprimían lo relativo a la transparencia de los recursos sindicales e hizo suyo el proyecto. A la mera hora no aprobó ni lo que ellos mismos presentaron. La causa fue que uno de los principales cimientos del PRI está en los grandes monopolios sindicales, que son los que se oponen a la reforma laboral. La actual ley laboral favorece a los monopolios de mano de obra no a los trabajadores.

A la Reforma Energética también se ha opuesto el PRI. En el 2008 la mutilaron en tal forma que lo aprobado sólo aumentó la burocracia en PEMEX, pero no hizo a esa empresa más eficiente. En 2001, 2003 y en 2010, también se opusieron en el Congreso a modernizar la legislación fiscal. 

Es incongruente y contradictorio que el candidato del PRI prometa reformas que en los 70 años del siglo pasado, con el control del Poder Ejecutivo y Legislativo, no fueron capaces de implementar y en 12 años de oposición, legisladores de su partido las obstaculizan desde el Congreso.

Los ricos del Gobierno

POR LUIS PAZOS

Una de las conductas que se ha convertido en costumbre, generando miseria y desempleo entre muchos mexicanos, pero a la vez aceptada en varios círculos sociales es la corrupción.

En todos los gobiernos hay corrupción en diversos grados, pero en el caso de México hay quienes consideran al gobierno como una fuente natural de enriquecimiento.

La corrupción no es inherente a los mexicanos ni somos un pueblo corrupto por naturaleza, sino ésta es producto de un sistema político y legal que durante el siglo pasado creó las condiciones para que floreciera y se reprodujera, no tan solo sin castigo, sino respetada por muchos mexicanos.  

En el libro Los ricos del gobierno, la costumbre de la corrupción, identifico las causas estructurales de ese fenómeno, que mantiene en la pobreza a millones de mexicanos.

Documento cómo atrás de posiciones ideológicas y del teórico objetivo de distribuir la riqueza o la tierra, se realizan jugosos negocios, que generan camadas de ricos del gobierno. También demuestro cómo disfrazados de defensores de la soberanía y del nacionalismo, legisladores mantienen monopolios estatales donde se cocinan negocios millonarios.

Analizo como la corrupción en las estructuras corporativas en el campo, en la educación y en las empresas estatales son protegidas por un partido a cambio de recursos y votos en las elecciones.

En el libro Los ricos del gobierno explicamos la simbiosis entre una generación de políticos, de empresarios y la corrupción estructural en México. Esa corrupción, enquistada en nuestro tejido social, solo puede ser superada si la clase media mexicana tienen una conciencia clara de la relación entre la inflación, el endeudamiento excesivo, la pobreza y la violencia, con una corrupción estructural que ha dado lugar a generaciones de Ricos del gobierno, que llegan, mantienen o recuperan el poder con base en la corrupción.

No votar es votar

POR LUIS PAZOS

Hay quienes hartos de los excesos, de la corrupción, y la impunidad de corruptos y criminales, apoyan como una forma de protesta no acudir a las urnas o emitir un voto nulo. Comprendo y comparto su indignación; sin embargo, quienes de buena fe o por ignorancia piden votos nulos o no votar, le hacen el caldo gordo, precisamente, a los grupos más corruptos de este país y por cuya pasividad ante la violencia y bloqueo de las reformas estructurales no hemos avanzado lo que deberíamos.

Los cambios, tanto en México como en muchos países, se dan cuando ciudadanos indignados que razonan su voto, acuden a las urnas. Pero cuando ese sector, generalmente de clase media, se queda en su casa, aludiendo que no vale la pena votar, se consolidan los triunfos de quienes ellos consideran que más mal nos han gobernado.

El no votar no cumple la función de protestar ni de que la clase política mejore, sino de que los candidatos que ganan con votos de acarreados o intercambiados por favores, contubernios y corrupción, tengan más oportunidad de ganar.

Las estadísticas muestran claramente que cuando un menor porcentaje de ciudadanos independientes, que tienen derecho a votar, no se presentan a las urnas, ganan los partidos de los que se quejan. Pero cuando un mayor porcentaje de mexicanos con voto razonado sale a votar, empiezan los cambios, como pasó en las dos últimas elecciones presidenciales, pero esos cambios todavía no llegan a varios estados, donde siguen ejerciendo el poder sin dar cuentas a los ciudadanos ni respetando las leyes electorales.

Si ningún candidato ni partido merece tu aprobación, recuerda que es mejor votar por el menos malo, que no votar, pues puedes beneficiar al peor. La democracia sólo da buenos resultados cuando la mayoría de los ciudadanos de clase media, bien informados, que identifican correctamente las causas y soluciones de nuestros problemas sociales, votan.

El mito de la distribución del ingreso

POR LUIS PAZOS

Un lema muy socorrido por algunos políticos, candidatos, gobernantes y economistas es la injusta distribución del ingreso o la riqueza. Siempre dan datos de que un pequeño porcentaje de la población recibe una mayor tajada del ingreso total y que la mayor parte de la población una menor. Esa situación sucede en casi todas las economías en mayor o menor grado. Pero casi nunca he escuchado de esas personas una solución sustentable de cómo lograr que los pobres tengan un mejor ingreso sin quitarle a los de mayores ingresos.

Es falaz, por no decir demagógico, pensar que una mejor distribución del ingreso significa que todos tengan el mismo ingreso, es decir, un ingreso igualitario. Tener todos los mismos ingresos no significa vivir mejor. En los países donde la mayoría tiene el mismo ingreso es donde hay más pobres. En el África subsahariana, el 95% de la población tiene prácticamente el mismo ingreso, casi nada.

El objetivo de una economía progresista no es que todos tengan el mismo ingreso, sino que cada día un mayor número tenga un mayor ingreso. Lo importante es que crezca el pastel, no que de un pastel pequeño todos tengan el mismo pedacito. La riqueza aprovechable no existe en la naturaleza, hay que extraerla, transformarla, trasportarla y comercializarla, es decir, crearla.

El problema de los países pobres no es la distribución del ingreso, sino que la mayoría no tienen ingresos. La solución no es quitarle ingreso a los que tienen más ingresos, como se hizo en el siglo XX en un gran número de países que se empobrecieron, sino generar más riqueza.

El camino es crear un entorno legal que incentive la generación de empleos productivos para los que no tienen ingresos o eleven sus bajos ingresos.  La solución no está en distribuir mejor el ingreso, sino en mejorar los ingresos, no en distribuir la riqueza sino en crearla. 

Inseguridad ¿a qué partido beneficia?

POR LUIS PAZOS

Debido a un tercer lugar en el 2006 en las elecciones presidenciales, los viejos priístas se dieron cuenta que las elecciones en el 2012 son su última oportunidad de volver al poder absoluto. Desde sus trincheras: Cámara de Diputados, de Senadores y 20 estados de la República, decidieron echarle todo el dinero y recursos al asador para recuperar el poder absoluto que ostentaron durante 70 años. Su problema es que tienen poco que ofrecer, pues los cambios que necesita el país no los apoyaron durante los 70 años de poder absoluto ni en los 12 años de oposición.

Su estrategia es desgastar al partido que tiene la presidencia de la República, culpándolo de todo lo malo que suceda en el país y obstaculizando las reformas estructurales que ayudarían al país a crecer y crear más empleos. 

Basta hacer un análisis objetivo de la postura de los gobernadores y legisladores priístas ante la inseguridad, para concluir que cruzarse de brazos ante ese problema y dejar que la opinión pública hable de “la guerra de Calderón”, es una estrategia que les funcionó. Poca gente sabe que el Presidente Calderón envió al ejército a varios estados ante la petición de ciudadanos víctimas de secuestro, robos, extorsiones y homicidios de familiares. Varios gobernadores, rebasados por el problema que dejaron crecer sus antecesores, le pidieron al Presidente Calderón enviara al ejército y la Marina a restaurar el orden. No fue el gobierno federal a quien “se le ocurrió” una “guerra contra el crimen”, sino la creciente inseguridad en varios estados y la indiferencia o complicidad de algunas autoridades locales hicieron necesaria su participación.

El PRI parece haberle apostado a que el país llegue al 2012 con desempleo y con un clima de inseguridad para que, los votantes hartos de asesinatos y violencia, los volteen a ver como una alternativa, sin identificar que ellos, con su pasividad ante el crimen y oposición a las reformas, son los principales corresponsables de la inseguridad y el desempleo.