Acusaciones contra Luis Pazos

En el 2004 Luis Pazos publicó un libro titulado “Un Populista en 2006, ¿retroceso o esperanza?”. Diputados y periodistas cercanos al precandidato aludido por Pazos, lejos de contestar a los señalamientos del libro, se dedicaron a buscar alguna irregularidad en el desempeño de sus funciones para desprestigiarlo públicamente.

Pazos fungió como Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados de octubre de 2000 a agosto de 2003 y como Director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) de septiembre de 2003 a noviembre de 2006.

Un grupo cercano a López Obrador durante su larga precampaña, contrató gente para que investigaran a Pazos: intervinieron sus teléfonos, ofrecieron dinero a trabajadores del banco para que les comunicaran alguna irregularidad. A través del IFAI preguntaron si habían cargos de viajes o gastos del director fuera de ley. Sin embargo, no encontraron nada irregular.

Un trabajador de BANOBRAS les comentó sobre la publicación de un libro de Pazos de superación personal que repartieron entre los empleados del banco. Ese libro fue publicado bajo otro nombre, por lo que no se le podía acusar de promoción personal. También renunció a las regalías y consiguió que la editorial le diera a BANOBRAS costos industriales, los que no implicaron ganancias reales para la editorial.

El libro fue adquirido conforme a los lineamientos del sector público, que prohíben comprar libros con el nombre de un funcionario y que reciba dinero por regalías. Además la distribución de ese libro de superación personal representó un ahorro importante para la institución.

Ante la ausencia de irregularidades en la adquisición del libro, una periodista al servicio del equipo de campaña de ese precandidato, publicó un artículo donde señaló a Pazos como accionista de la Editorial, lo que implicaba conflicto de intereses. Sin más pruebas que un artículo con datos falsos, escrito por la periodista cercana al, en ese entonces, portavoz del candidato, la Secretaría de la Función Pública inició un proceso en forma inquisitiva contra Pazos.

La parte acusadora no presentó ninguna prueba documental o testimonial que apoyara lo dicho en el artículo publicado en un periódico. Pazos con base en pruebas documentales y testimoniales, demostró lo infundado de ese señalamiento. Al final de ese proceso en septiembre de 2005, la SFP resolvió que “la conducta no arrojó daño o perjuicio al erario público federal, ni hubo un beneficio económico para el infractor o para la empresa editorial y quedo demostrado que en comparación con las ediciones que contratara el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., en años anteriores, se logró una reducción en el gasto destinado a ese concepto”. (págs. 26 y 27 del Exp. Admvo. 16/2005)

El año que lo acusaron falazmente de ser dueño de la editorial que publicó el libro, se generó un ahorro, sólo se gastó el 16% del presupuesto autorizado para ese tipo de publicaciones. En su paso por BANOBRAS, Pazos dejó ganancias acumuladas en esa institución por más de 3,100 millones de pesos.

Por otro lado, dos diputados radicales del PRD lo acusaron, como parte de la campaña de desprestigio, de desviar 30 millones de pesos para una ONG que ayudaba a mujeres cuyas parejas o padres las presionaban para abortar. Los diputados perredistas que lo acusaron, mostrando una total ignorancia del proceso legislativo, fincaron una acusación que no tenía ningún sustento, pues en la Cámara de Diputados, ninguno de sus miembros manejan ni asignan recursos, solo cuerpos legislativos colegiados los determinan y el Poder Ejecutivo Federal los aplica.

Las asignaciones presupuestales las aprueban en primera instancia la Comisión de Presupuesto en la que participan alrededor de 30 diputados de todos los partidos. Posteriormente las ratifican o modifican el pleno de los 500 diputados. Ni el Presidente de la Comisión ni ningún diputado aisladamente, puede ordenar a quien se le debe asignar un presupuesto, sólo sugerir, como lo hacen muchos diputados con sus propuestas.

Ante la insistencia de esos diputados cercanos al candidato del PRD, que pensaban iba a ganar la presidencia, en octubre de 2005 se inició una investigación en la Cámara de Diputados sobre una supuesta desviación de recursos por Luis Pazos. El denunciado promovió y ganó un amparo que concluyó: “No causó daño patrimonial al erario de la Cámara de Diputados ni al erario público federal ya que la Secretaria de Salud fue quien aplicó los recursos presupuestales mencionados”.(Amparo indirecto 32/2006).

Pazos pidió que se llegara con esas acusaciones hasta el final para evitar calumnias posteriores, pero a pesar de que demostró su falsedad, hay quienes con toda mala fe las siguen utilizando.

Consultó con abogados para acusar de injuria, difamación y calumnia a la periodista y a los diputados, pero le dijeron que era perder tiempo, dinero y que las penas eran muy bajas además de que a los diputados primero tenían que desaforarlos.

Los periodistas y diputados del ala radical del PRD, lo que en realidad buscaban era una excusa para ventilar en los medios de comunicación una acusación que, aunque no tuviera ningún fundamento, sembrara la duda sobre la probidad del autor de un libro contra de quien consideraban, en ese entonces, el próximo Presidente de México.

Varios radicales de izquierda, todavía afines a ese candidato, utilizan como una cantaleta una versión alejada de la realidad de esos hechos para atacar a Pazos, quien en su libro “Un Populista en 2006”, puso en evidencia la utilización de adultos mayores como acarreados a mítines a cambio de apoyos, la politización de obras, el uso indebido de recursos públicos para actos de campaña y de publicaciones, entre otros actos de corrupción de los radicales que rodeaban al entonces candidato presidencial del PRD.

Cisle