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El PRI rebasó por mucho los límites de gastos de campaña, compró votos, dio dinero a representantes de casillas para que se ausentaran y permitieran el relleno de urnas. Los comprados lo confiesan en privado, pero como recibieron dinero, no están dispuestos a testificarlo ante las autoridades electorales. Regalaron tenis, despensas, celulares y dinero en efectivo a quienes enseñaban una foto con la boleta cruzada a favor del PRI.

Hay fotos de policías estatales amedrentando a votantes pistola en mano y grabaciones que documentan la intervención directa del gobierno estatal en el proceso electoral a favor del PRI. Todas esas pruebas parece que no existen para el Instituto Electoral Veracruzano y el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, organismos que han actuado a favor del gobierno estatal priísta. Aunque hay la esperanza de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación convierta la verdad real en  jurídica.

 

Aunque hemos avanzado democráticamente a nivel federal, todavía hay estados, como Veracruz, donde se cometen delitos electorales descaradamente, apostándole a la incondicionalidad de las autoridades electorales estatales. En el siglo pasado éramos formalmente una democracia, pero no en la realidad. En este siglo, México ya es una democracia a nivel federal, pero políticamente varios estados siguen, como en el siglo pasado, con gobernantes que no rinden cuentas del dinero que manejan, ni de las deudas y destinan cuantiosos recursos humanos y financieros al candidato de su partido durante los procesos electorales.

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