Afirmar que contra la delincuencia organizada solo debe actuar el Gobierno Federal nos llevaría a situaciones absurdas. Si durante un tiroteo acude la policía estatal, tendrían que dirigirse previamente con un megáfono a los delincuentes preguntándoles si son del crimen organizado o si portan armas de uso del ejército. Si dicen que sí, entonces las policías municipales o estatales se retirarían del lugar.
En base a esa absurda interpretación de la división de competencias, las policías estatales tendrían sólo la responsabilidad de intervenir en los delitos cometidos por el crimen “desorganizado”, no en los del crimen organizado, aunque no todos los delitos cometidos por la delincuencia organizada son del fuero federal.
Cuando hay flagrancia de una conducta ilícita, según el Artículo 16 de la Constitución, cualquier ciudadano puede detener al delincuente, y por lo tanto todo policía, independientemente del nivel de gobierno a que pertenezca, debe actuar ante cualquier violación a la ley. Posteriormente serán clasificados los delitos como del orden común o federal. Implica una actitud irresponsable o ignorancia, si un policía al pedirle ayuda se cruza de brazos y nos contesta: no puedo hacer nada pues no es de mi competencia o no es mi zona. La competencia se basa en una clasificación del delito que es “a posteriori”, no antes ni durante su ejecución.
La prevención del delito recae fundamentalmente en las policías municipales y estatales. Una vez detenidos los presuntos delincuentes, si se tipifica delincuencia organizada por la portación de armas de uso exclusivo del ejército; a los delitos del orden común se les juzgará, junto con los delitos federales, como lo señala la fracción XXI del Art. 73 constitucional. No confundamos la prevención y detención de delincuentes, con su consignación y juicio, basados en delitos del orden común o federales.
El crimen creció en muchos estados debido a la pasividad de las autoridades estatales y municipales, que por ignorancia, comodidad o estrategia política, les dejaron el paquete a las autoridades federales. Qué bueno que la CONAGO, aunque tardíamente, empiece a actuar y a reconocer políticamente que la inseguridad también es responsabilidad de los gobernadores.
Afirmar que contra la delincuencia organizada solo debe actuar el Gobierno Federal nos llevaría a situaciones absurdas. Si durante un tiroteo acude la policía estatal, tendrían que dirigirse previamente con un megáfono a los delincuentes preguntándoles si son del crimen organizado o si portan armas de uso del ejército. Si dicen que sí, entonces las policías municipales o estatales se retirarían del lugar.
En base a esa absurda interpretación de la división de competencias, las policías estatales tendrían sólo la responsabilidad de intervenir en los delitos cometidos por el crimen “desorganizado”, no en los del crimen organizado, aunque no todos los delitos cometidos por la delincuencia organizada son del fuero federal.
Cuando hay flagrancia de una conducta ilícita, según el Artículo 16 de la Constitución, cualquier ciudadano puede detener al delincuente, y por lo tanto todo policía, independientemente del nivel de gobierno a que pertenezca, debe actuar ante cualquier violación a la ley. Posteriormente serán clasificados los delitos como del orden común o federal. Implica una actitud irresponsable o ignorancia, si un policía al pedirle ayuda se cruza de brazos y nos contesta: no puedo hacer nada pues no es de mi competencia o no es mi zona. La competencia se basa en una clasificación del delito que es “a posteriori”, no antes ni durante su ejecución.
La prevención del delito recae fundamentalmente en las policías municipales y estatales. Una vez detenidos los presuntos delincuentes, si se tipifica delincuencia organizada por la portación de armas de uso exclusivo del ejército; a los delitos del orden común se les juzgará, junto con los delitos federales, como lo señala la fracción XXI del Art. 73 constitucional. No confundamos la prevención y detención de delincuentes, con su consignación y juicio, basados en delitos del orden común o federales.
El crimen creció en muchos estados debido a la pasividad de las autoridades estatales y municipales, que por ignorancia, comodidad o estrategia política, les dejaron el paquete a las autoridades federales. Qué bueno que la CONAGO, aunque tardíamente, empiece a actuar y a reconocer políticamente que la inseguridad también es responsabilidad de los gobernadores.
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